ACERCA DEL PROTOCOLO DE LA ESPERANZA
ACERCA DEL PROTOCOLO DE LA ESPERANZA
El Protocolo de la Esperanza (PLE) aborda las amenazas a las que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas encargadas de preservar la democracia y el pleno disfrute de los derechos humanos en todo el mundo. El Protocolo pretende ser una herramienta útil para orientar a funcionarios gubernamentales, fiscales, jueces, personas defensoras de los derechos humanos (DDH), periodistas y otros. El PLE subraya el impacto individual y colectivo de las amenazas sobre quienes defienden derechos. Proporciona una hoja de ruta para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices para la investigación penal de las mismas.
El Protocolo invoca la esperanza por dos razones: la primera, porque su objetivo principal es garantizar un futuro esperanzador para los defensores de los derechos humanos. La segunda es en honor a La Esperanza, un pueblo en el oeste de Honduras que es la ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista que fue asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.
El asesinato de Berta ejemplifica una tendencia mundial preocupante. Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos humanos se utilizan como medio de intimidación. Sin embargo, por lo general, las amenazas no se investigan ni se castigan, lo que tiene un efecto paralizador en el trabajo de las personas defensoras y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y la observancia de los derechos humanos. Esta ausencia de investigaciones y de rendición de cuentas fomenta un estado de impunidad que alimenta un círculo vicioso de violencia.
El Protocolo de la Esperanza (PLE) aborda las amenazas a las que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas encargadas de preservar la democracia y el pleno disfrute de los derechos humanos en todo el mundo. El Protocolo pretende ser una herramienta útil para orientar a funcionarios gubernamentales, fiscales, jueces, personas defensoras de los derechos humanos (DDH), periodistas y otros. El PLE subraya el impacto individual y colectivo de las amenazas sobre quienes defienden derechos. Proporciona una hoja de ruta para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices para la investigación penal de las mismas.
El Protocolo invoca la esperanza por dos razones: la primera, porque su objetivo principal es garantizar un futuro esperanzador para los defensores de los derechos humanos. La segunda es en honor a La Esperanza, un pueblo en el oeste de Honduras que es la ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista que fue asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.
El asesinato de Berta ejemplifica una tendencia mundial preocupante. Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos humanos se utilizan como medio de intimidación. Sin embargo, por lo general, las amenazas no se investigan ni se castigan, lo que tiene un efecto paralizador en el trabajo de las personas defensoras y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y la observancia de los derechos humanos. Esta ausencia de investigaciones y de rendición de cuentas fomenta un estado de impunidad que alimenta un círculo vicioso de violencia.
Las personas defensoras de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental para garantizar que los gobiernos respetan los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Trabajan por los derechos de todas las personas. Las amenazas en su contra impiden que quienes defienden derechos puedan realizar su trabajo y llevar una vida digna.
Un protocolo sobre la investigación de las amenazas contra quienes defienden derechospuede contribuir de manera decisiva a visibilizar el tema, resaltar los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecer las investigaciones y reiterar la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos, así como promover la adopción de medidas de reparación. Estandares específicos que guien las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido ante otras violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o el feminicidio.
A través del Protocolo de Esperanza, queremos instar a los Estados de todo el mundo a diseñar medidas de políticas públicas para la protección de las personas defensores de los derechos humanos que incluyan la investigación de las amenazas. Más allá de las normas generales de debida diligencia desarrolladas para la investigación de violaciones graves de los derechos humanos, existen pocas directrices concretas para la investigación de las amenazas.
El Protocolo puede orientar el desarrollo de políticas públicas nacionales, regionales e internacionales que incluyan los estándares para luchar contra la impunidad mediante la mejora de los estándares jurídicos y las medidas de política penal para facilitar la investigación penal.
El Protocolo también puede desempeñar un papel en el desarrollo de mecanismos locales de protección que se desarrollen en colaboración con la sociedad civil y otras partes interesadas y que tengan en cuenta consideraciones interseccionales como la cultura, la raza y el género. El Protocolo también insta a los Estados a desarrollar políticas de prevención, a medir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a establecer las violaciones del derecho internacional cuando se cometan.
Un protocolo sobre la investigación de las amenazas contra quienes defienden derechospuede contribuir de manera decisiva a visibilizar el tema, resaltar los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecer las investigaciones y reiterar la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos, así como promover la adopción de medidas de reparación. Estandares específicos que guien las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido ante otras violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o el feminicidio.
A través del Protocolo de Esperanza, queremos instar a los Estados de todo el mundo a diseñar medidas de políticas públicas para la protección de las personas defensores de los derechos humanos que incluyan la investigación de las amenazas. Más allá de las normas generales de debida diligencia desarrolladas para la investigación de violaciones graves de los derechos humanos, existen pocas directrices concretas para la investigación de las amenazas.
El Protocolo puede orientar el desarrollo de políticas públicas nacionales, regionales e internacionales que incluyan los estándares para luchar contra la impunidad mediante la mejora de los estándares jurídicos y las medidas de política penal para facilitar la investigación penal.
El Protocolo también puede desempeñar un papel en el desarrollo de mecanismos locales de protección que se desarrollen en colaboración con la sociedad civil y otras partes interesadas y que tengan en cuenta consideraciones interseccionales como la cultura, la raza y el género. El Protocolo también insta a los Estados a desarrollar políticas de prevención, a medir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a establecer las violaciones del derecho internacional cuando se cometan.
